Economía

Pena de muerte o negar decisiones de tribunales internacionales daría “problemas” a TLC Perú-UE

Pena de muerte o negar decisiones de tribunales internacionales daría “problemas” a TLC Perú-UE

Pena de muerte o negar decisiones de tribunales internacionales daría “problemas” a TLC Perú-UE

Medidas como aplicar la pena de muerte o rechazar el imperio de la ley al negar las decisiones de un tribunal internacional del que se forma parte "ocasionaría problemas" en la aplicación del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Perú y la Unión Europea, afirmó el europarlamentario Bernd Lange. En una entrevista con Efe en Lima, donde se encuentra liderando una delegación de eurodiputados de la Comisión de Comercio Internacional del Parlamento Europeo (INTA), Lange reconoció que ambos casos, pese a haber ganado presencia en el discurso político y mediático, están sin embargo "lejos de ser una realidad" en Perú. "Estos temas son solo discusiones, que también aparecen en Alemania ocasionalmente. Pero está totalmente claro que uno de los principios de la Unión Europea es que no vamos a aceptar la pena de muerte, nadie tiene derecho a matar otro ser humano. Por eso hay unas prioridades claras, y si quieren tener pena de muerte, tendremos problemas, aunque no creo que eso se convierta en una realidad en Perú", añadió. Asimismo, Lange, del Partido Socialdemócrata alemán, apuntó que pasos como desconocer decisiones de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH), que también se han escuchado con fuerza en Perú en las últimas semanas, no son los apropiados y que lo que conviene es aceptar las decisiones de los tribunales. "Es un ejercicio del Parlamento peruano lidiar con el caso de (Alberto) Fujimori, pero de hecho nosotros nos apegamos al imperio de la ley, y si un Tribunal Internacional del que somos parte dice algo, hay que aceptarlo. A veces se gana y otras se pierde, pero para estabilizar el sistema internacional uno debe aceptar eso. (...) Debe ser un principio de trabajo", añadió. En cualquier caso, el parlamentario descartó que de momento se puedan o se vayan a aplicar las medidas de protección de los derechos humanos que recoge el TLC, cuya puesta en marcha consideró exitosa y un "claro beneficio para Perú". "De momento nuestra evaluación es que hemos encontrado un crecimiento en comercio de bienes que es claramente beneficioso para Perú, que también se beneficia de tener un espectro de productos más diversificado. (...) Sí hay problemas menores, como los certificados, pero que pueden resolverse aplicando los mecanismos con los que ya estamos de acuerdo", apuntó. Pese a esta valoración, Lange apuntó que para la UE el comercio "no es un fin en sí mismo" y que este debe basarse en "valores" y beneficiar a la gente "en el terreno" fomentando la "excelencia de los derechos laborales" y los "estándares ambientales". "Eso necesita una mayor mejora en Perú, una reducción del sector informal, de los contratos temporales o una mayor la implicación de los sindicatos en las negociaciones laborales", señaló. En es sentido, Lange echó en falta la presencia de sindicatos y representantes de la sociedad civil peruana, como las ONG, en los organismos independientes que Europa pide que se hagan cargo de aconsejar y valorar la aplicación del TLC con la Unión Europea. "Eso no se ha dado al momento y hemos discutido fuertemente con el Gobierno para que establezca este consejo consultivo doméstico. (...) Sindicatos y todos deben estar incluidos, ONGs, ambientalistas, de forma independiente y generar así la agenda de los temas a discutir, no que el proceso esté dominado por el Gobierno", indicó. La UE es uno de los tres mercados más importantes para Perú y el primer inversor extranjero en el país, con un volumen de inversión directa que aumentó un 15 % entre 2013 y 2015, cuando llegó aproximadamente a 12.000 millones de dólares. Además, el comercio bilateral llegó a aproximadamente 10.000 millones de dólares en 2016, según el tercer informe anual de la Comisión Europea sobre la aplicación del Acuerdo comercial entre la UE, por una parte, y Colombia y Perú.

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